La Ley de Segunda Oportunidad en España es una legislación que se aprobó en 2015 con el objetivo de ayudar a las personas físicas (particulares) y autónomos en situación de insolvencia a salir de la difícil situación económica en la que se encuentran.

Esta ley establece un marco legal que permite a las personas físicas y autónomos con deudas impagadas acceder a un procedimiento de negociación con sus acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo de pago que permita la reestructuración de sus deudas.

La ley establece un plazo de cinco años para la liquidación de las deudas, en los cuales se permite la cancelación de parte de las mismas en función de los ingresos y patrimonio del deudor, siempre y cuando se demuestre que se ha actuado de buena fe y se han intentado todas las vías posibles para el pago de las deudas.

Además, la Ley de Segunda Oportunidad permite la exoneración total o parcial de las deudas si se cumplen ciertos requisitos y se ha agotado la vía de negociación con los acreedores.

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¿Cuales son los beneficios de la ley de segunda oportunidad?

Los beneficios de la ley de segunda oportunidad para personas físicas son cancelar o reestructurar deudas, proteger la vivienda habitual, acceder a financiación y proteger los bienes necesarios para la vida diaria entre otros.

La iniciativa está enfocada en apoyar a los autónomos y particulares que están atravesando por dificultades económicas, ya sea por una situación de sobreendeudamiento o bloqueo financiero a causa de deudas impagadas. Hasta hace poco tiempo, solamente las compañías tenían la posibilidad de solicitar el concurso de acreedores para declararse en estado de insolvencia.

Los principales beneficios de acogerse a la ley de segunda oportunidad son:

Cancelación de deudas

La ley de segunda oportunidad permite la cancelación de las deudas que no se puedan pagar, lo que significa que las personas pueden empezar de nuevo sin la carga de deudas anteriores.

Renegociación de deudas

La ley de segunda oportunidad también permite la renegociación de deudas, lo que puede ayudar a las personas a reducir sus pagos mensuales y hacer que la deuda sea más manejable.

Protección de la vivienda habitual

La ley de segunda oportunidad protege la vivienda habitual de las personas en caso de impago de la hipoteca, lo que significa que se puede evitar la pérdida de la vivienda.

Final de ficheros de morosidad y llamadas constantes

Si la deuda queda cancelada no hay deuda que reclamar ni tampoco hay deuda por la que debamos de salir en ficheros de morosidad, por lo que todo esto desaparece.

Acceso a financiación

La ley de segunda oportunidad permite a las personas físicas acceder a financiación después de haber cancelado sus deudas, lo que les permite reiniciar su actividad económica.

Protección de los bienes necesarios para la vida diaria

La ley de segunda oportunidad protege los bienes necesarios para la vida diaria de las personas, como los muebles, los electrodomésticos y los vehículos.

¿Quien puede acogerse a la ley de segunda oportunidad?

En España, pueden acogerse a la ley de segunda oportunidad tanto las personas físicas como las personas jurídicas que se encuentren en una situación de insolvencia actual o inminente.

En el caso de las personas físicas, se requiere que la persona no tenga antecedentes penales por delitos económicos y que haya intentado previamente un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores. Además, es necesario demostrar que la persona no tiene capacidad para pagar todas sus deudas.

En el caso de las personas jurídicas, se requiere que la empresa no tenga antecedentes penales por delitos económicos y que se encuentre en una situación de insolvencia actual o inminente, es decir, que tenga dificultades para hacer frente a sus pagos.

Para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad en España, es necesario tener deudas pendientes de pago con al menos dos acreedores distintos, sin importar si se encuentran al corriente de pago o no. Los acreedores pueden ser entidades financieras, proveedores, Hacienda o Seguridad Social, entre otros.

Esta ley está disponible tanto para las personas físicas que residen en España, como para los deudores extranjeros, ya sean particulares o autónomos, siempre y cuando tengan su residencia legalizada en España y toda su documentación esté en orden. También pueden acogerse a la ley aquellos que tengan en España su centro de intereses principales, como su patrimonio, bienes, negocios, administración, financiación y deuda. Es importante tener en cuenta que el procedimiento se llevará a cabo en el Juzgado que corresponda según el domicilio de empadronamiento del deudor.

Por otro lado, en el caso de las empresas, en lugar de la Ley de Segunda Oportunidad se aplica el concurso de acreedores.

¿Cuales son los requisitos para acogerse a la ley de segunda oportunidad?

Los requisitos para acogerse a la ley de segunda oportunidad en España varían según si se trata de una persona física o jurídica. A continuación, se detallan los requisitos principales para cada caso:

Para personas físicas:

  1. Tener deudas pendientes de pago con al menos dos acreedores distintos.
  2. Demostrar que se está en una situación de insolvencia actual o inminente, es decir, que no se tiene capacidad para hacer frente a todas las deudas.
  3. Haber intentado previamente un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores.
  4. No tener antecedentes penales por delitos económicos.

Para deudores extranjeros, además de los requisitos anteriores, deben tener su residencia legalizada en España y toda su documentación en regla. También pueden acogerse aquellos que tengan en España su centro de intereses principales.

Para personas jurídicas:

  1. Demostrar que se está en una situación de insolvencia actual o inminente, es decir, que la empresa tiene dificultades para hacer frente a sus pagos.
  2. No tener antecedentes penales por delitos económicos.
  3. Presentar una solicitud de concurso de acreedores.

Es importante tener en cuenta que estos son requisitos generales y pueden existir otros requisitos específicos según cada caso en particular.

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¿Como funciona la ley de Segunda Oportunidad?

La ley de segunda oportunidad permite a los particulares y autónomos que se encuentren en situación de insolvencia cancelar sus deudas, bien a través de un plan de pagos a largo plazo, bien liquidando sus bienes si no pueden cumplir con el plan. Se pueden cancelar todas las deudas pendientes excepto las que son legalmente inembargables. Una vez se ha cumplido con las condiciones establecidas en la ley, se procede a la exoneración del pasivo insatisfecho y se cancelan todas las deudas pendientes.

Solicitud al Juzgado Mercantil

El proceso de segunda oportunidad comienza con una solicitud detallada al Juzgado Mercantil, con información sobre la situación personal del deudor, cumplimiento de requisitos, tipo de insolvencia e ingresos disponibles. Después de tramitar la solicitud y documentos, se inicia la fase judicial donde el deudor puede elegir entre exoneración con o sin liquidación de activos, y estas opciones pueden ser intercambiables en cualquier momento.

Exoneración: Plan de Pagos

Con esta opción, el deudor puede proteger su vivienda y activos empresariales cancelando parte de sus deudas y pagando el resto en un plan de 3 o 5 años. Los acreedores tendrán 10 días para hacer sus alegaciones. Después, el juez aprobará provisionalmente la exoneración y el plan de pagos. Si no se revoca la exoneración después del plazo acordado para el plan de pagos, el juez concederá la exoneración definitiva mediante un auto.

Exoneración: Liquidación

El deudor tiene la opción de cancelar todas sus deudas (excepto las que legalmente no se pueden cancelar) sacrificando su patrimonio si lo tiene. Si decide liquidar su patrimonio, deberá seguir el proceso de concurso consecutivo para solicitar la cancelación de todas sus deudas, incluyendo las de créditos concursales y contra la masa según la reforma.

¿Cuanto dura el procedimiento de la Ley de segunda oportunidad?

El procedimiento de ley de segunda oportunidad en España es un proceso que puede durar varios meses. El primer paso es presentar la solicitud al Juzgado Mercantil, donde se debe acreditar la situación del deudor y sus posibilidades, detallando la situación personal, el cumplimiento de los requisitos, el tipo de insolvencia y los ingresos disponibles.

Después de presentar la solicitud, se inicia la fase judicial, donde el deudor puede elegir entre la exoneración con liquidación de activos o sin liquidación pero con plan de pagos a largo plazo. Ambas modalidades son intercambiables en cualquier momento.

Si se opta por el plan de pagos, se presenta la propuesta a los acreedores personados y se les concede un plazo de diez días para hacer alegaciones sobre la concurrencia de los presupuestos y requisitos legales. Una vez presentadas las alegaciones, el juez concederá en su caso provisionalmente la exoneración del pasivo insatisfecho y aprobará el plan de pagos.

Si se elige la liquidación de activos, se procederá al concurso consecutivo para solicitar la cancelación de todas las deudas que tras la reforma se extienden a todos los créditos concursales y contra la masa.

En cualquier caso, una vez transcurrido el plazo acordado para el plan de pagos sin que se haya revocado la exoneración, el juez procederá a la concesión de la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho mediante un auto.

El tiempo que dura el procedimiento depende del caso en cuestión, la complejidad de la situación del deudor y el número de acreedores personados en el procedimiento. En términos generales, el proceso puede durar de seis meses a un año.

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¿Cual es el coste de la ley de segunda oportunidad?

Los costes de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad en España pueden variar dependiendo del caso específico del deudor y del abogado que lo represente. Es importante destacar que el coste de la defensa legal puede ser elevado, pero la inversión puede valer la pena a largo plazo, especialmente si se considera el alivio financiero que se puede obtener al cancelar deudas acumuladas.

Con la nueva reforma, el ahorro puede ser de 1000€ con respecto a la anterior situación.

En general, los costes principales a considerar incluyen los honorarios del abogado, que pueden variar entre los 2.000€ y los 6.000€ según la complejidad del caso, la duración del proceso y la ubicación geográfica del bufete de abogados. Además, es posible que se deban pagar tasas judiciales y honorarios del administrador concursal (si aplica). También se deben considerar los costos de la gestión del proceso, incluyendo los costes de los informes de viabilidad económica y de los informes periciales.

Es importante tener en cuenta que, aunque puede haber algunos costes asociados con el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad, estos pueden ser más bajos en comparación con la alternativa de tratar de pagar todas las deudas acumuladas. Además, la Ley de Segunda Oportunidad tiene como objetivo ayudar a las personas que se encuentran en situaciones financieras difíciles a reorganizar su situación financiera, por lo que en muchos casos, los beneficios superan con creces los costos asociados con el proceso.

¿Cuales son las desventajas de la ley de segunda oportunidad?

Algunas de las desventajas de la Ley de Segunda Oportunidad pueden ser la complejidad del procedimiento y los costos asociados, la posibilidad de perder bienes y activos, la limitación de poder solicitar la cancelación de deudas durante un periodo de tiempo, y la afectación negativa en la calificación crediticia. Además, es importante destacar que no todas las deudas son cancelables mediante este procedimiento, y que puede haber ciertos requisitos y condiciones que dificulten el acceso a esta ley.

Deudas no cancelables legalmente

La Ley de Segunda Oportunidad permite a los deudores cancelar la mayoría de sus deudas, pero hay ciertas deudas que no pueden ser eliminadas, como multas impuestas por un tribunal, deudas por alimentos o pensiones, y deudas fiscales. Además, ciertos créditos privilegiados, como las hipotecas, no pueden ser cancelados completamente. A pesar de esto, la ley permite establecer planes de pago con los acreedores para gestionar y facilitar su devolución. Los deudores deben conocer las deudas no cancelables y los créditos privilegiados antes de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.

Revocación de la ley de segunda oportunidad

La ley de segunda oportunidad permite cancelar las deudas, pero esta cancelación puede revocarse si el deudor no cumple con las obligaciones del plan de pagos o si oculta información relevante. Los acreedores pueden solicitar la revocación, incluso durante un período de cinco años después del proceso. Es importante que los deudores cumplan con sus obligaciones y proporcionen información precisa y completa para evitar la revocación de la cancelación de la deuda.

Suspensión de facultades para administrar el patrimonio

Durante la Ley de Segunda Oportunidad, se suspenden las facultades del deudor para administrar su patrimonio y se nombra un administrador concursal para evitar perjuicios a los acreedores o al patrimonio del deudor. Una vez cumplido el proceso, el deudor recupera el control de su patrimonio. Se permiten ciertos actos necesarios para la actividad empresarial o profesional, siempre y cuando se comuniquen al administrador concursal previamente.

Liquidación de los bienes del deudor

En la Ley de Segunda Oportunidad, en algunos casos, el deudor puede verse obligado a liquidar sus bienes con el fin de cancelar sus deudas. La liquidación de los bienes es una medida extrema, pero puede ser necesaria para pagar a los acreedores en su totalidad. Si el deudor no tiene suficiente patrimonio, la ley le permitirá cancelar las deudas pendientes que no se han podido pagar con la liquidación. En cualquier caso, la liquidación de los bienes debe ser gestionada por un administrador concursal, quien se encargará de la venta de los activos del deudor y la distribución del dinero obtenido entre los acreedores.

Comprometerse a planes de pagos de 3 a 5 años

En la ley de segunda oportunidad, los deudores pueden optar por un plan de pagos a largo plazo de 3 a 5 años para cumplir con sus deudas. Durante este tiempo, deben hacer frente a los pagos acordados con los acreedores para poder mantener su patrimonio. Al final del plazo acordado, si se han cumplido todos los términos del plan de pagos, se les puede conceder la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho, cancelando las deudas pendientes.

Datos del deudor en el Registro Público Concursal

La ley de segunda oportunidad establece que los datos del deudor serán incluidos en el Registro Público Concursal durante cinco años a partir de la resolución del concurso. En este registro se detallan los datos del deudor, el procedimiento concursal, el resultado del mismo y las medidas adoptadas. Esta información puede ser consultada por cualquier interesado en conocer la situación del deudor. La inclusión en este registro no solo puede afectar a la imagen del deudor, sino que también puede dificultar la obtención de créditos y financiación en el futuro.

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¿Que ocurre después de la Ley de Segunda Oportunidad?

Una vez finalizado el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad, el deudor puede obtener la exoneración del pasivo insatisfecho y cancelar gran parte de sus deudas. En algunos casos, puede ser necesario cumplir con un plan de pagos a largo plazo para saldar las deudas restantes. Si se optó por la liquidación del patrimonio, el deudor habrá perdido sus bienes, pero habrá cancelado sus deudas pendientes. Después de la Ley de Segunda Oportunidad, el deudor tiene la oportunidad de empezar de nuevo con una carga financiera reducida.

Deudas canceladas

El principal beneficio de la Ley de Segunda Oportunidad es la cancelación de las deudas del deudor, permitiéndole comenzar de nuevo sin la carga financiera anterior. La ley busca garantizar una solución justa y equitativa para los deudores que se encuentran en una situación financiera insostenible y les permite acceder a un proceso que les permite liquidar sus deudas, ya sea a través de una exoneración con liquidación o sin liquidación, mediante un plan de pagos a largo plazo. La cancelación de las deudas es una herramienta valiosa para que los deudores puedan recuperar el control de su situación financiera y comenzar una nueva etapa.

5 años con posibilidad de revocación

Es importante destacar que, después de la cancelación de las deudas a través de la Ley de Segunda Oportunidad, existe la posibilidad de que la cancelación pueda ser revocada durante los primeros cinco años. Esto ocurre si se descubre que el deudor había ocultado bienes o ingresos al solicitar la cancelación o si se demuestra que el deudor ha incurrido en una mala fe. Por lo tanto, los deudores deben ser transparentes en su proceso y cumplir con las obligaciones impuestas por la ley para garantizar que la cancelación de sus deudas sea definitiva.

Solicitar prestamos y financiación

Uno de los beneficios más importantes de la ley de segunda oportunidad es que, una vez canceladas las deudas, se puede volver a solicitar préstamos y productos financieros. Esto se debe a que la eliminación de las deudas implica una mejora significativa en la situación financiera del deudor, lo que aumenta su capacidad de pago y, por lo tanto, su solvencia ante las entidades financieras. Sin embargo, es importante recordar que puede haber limitaciones o requisitos específicos según la política de cada entidad financiera.

Final de ficheros de morosidad y llamadas constantes

Un beneficio clave de la Ley de Segunda Oportunidad es la eliminación de la inscripción del deudor en los ficheros de morosidad, como ASNEF o RAI, lo que facilita la obtención de nuevos créditos y la contratación de servicios. Una vez que se cancelan las deudas, el deudor debe informar a las entidades de crédito para que se proceda a la eliminación de su nombre de los ficheros de morosidad, lo que contribuye a mejorar su situación financiera y su acceso al crédito.

¿Novedades de la nueva ley de segunda oportunidad y reforma concursal?

La nueva Ley de Segunda Oportunidad o reforma concursal en España incluye varias novedades importantes que buscan mejorar el proceso para los deudores. Algunas de estas novedades son:

  • Prescindir de notarios en algunos casos: En casos de cancelación de deudas de hasta 30.000 euros, los deudores pueden hacerlo sin necesidad de acudir a un notario.
  • Conservar la vivienda habitual: Se establece una protección especial para la vivienda habitual del deudor, que no podrá ser embargada o subastada en ningún caso.
  • Exonerar parte de la deuda pública: La reforma incluye la posibilidad de exonerar parte de la deuda pública contraída por el deudor.
  • Salida de ficheros de morosidad: Una vez que se ha completado el proceso de cancelación de deudas, el deudor puede solicitar su salida de los ficheros de morosidad en un plazo máximo de 5 días.
  • Ampliación del plazo de exoneración de deudas: La nueva ley amplía el plazo para la exoneración de deudas a un máximo de 10 años, en lugar de los 5 años que existían anteriormente.
  • Ampliación de los supuestos de exoneración: La nueva ley amplía los supuestos de exoneración de deudas para incluir también las deudas de derecho público, como las sanciones administrativas, multas o deudas tributarias.
  • Simplificación del procedimiento: El nuevo procedimiento de segunda oportunidad se simplifica y se agiliza, de manera que los deudores puedan obtener la exoneración de deudas de una manera más rápida y eficiente.
  • Flexibilización de las quitas: La nueva ley permite una mayor flexibilidad en la fijación de las quitas, lo que permite que los deudores puedan cancelar sus deudas con porcentajes menores a los que se establecían anteriormente.

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